La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a instalar una mesa formal de negociación salarial con los trabajadores del instituto, en un movimiento que busca desactivar el pulso laboral más delicado del sector salud y blindar la operación del servicio médico que atiende a más de 70 millones de derechohabientes en todo el país.

La instrucción, confirmada en el circuito de la seguridad social y difundida por La Jornada, coloca el conflicto en el terreno de la negociación política de alto nivel y no en el de la confrontación sindical. El mensaje es inequívoco: la revisión de las condiciones laborales del personal del Seguro Social deja de ser un asunto administrativo del instituto y se convierte en una prioridad del Ejecutivo federal.

Una orden que sale de Palacio Nacional

El mandato presidencial no es un gesto menor. El IMSS es la institución de seguridad social más grande de América Latina, con una plantilla que supera los 400 mil trabajadores entre personal médico, de enfermería, administrativo y de intendencia. Cualquier fractura en su cadena de mando laboral se traduce, de inmediato, en consultorios cerrados, quirófanos saturados y farmacias desabastecidas.

Por eso la instrucción tiene un destinatario claro: Zoé Robledo, quien desde 2019 ha conducido al instituto y conoce el expediente al detalle. La tarea que se le encomienda es técnica y política a la vez: sentar en la misma mesa al sindicato, a la dirección del instituto y, en la sombra, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya anuencia presupuestal es indispensable para que cualquier aumento sea viable y no un anuncio sin respaldo financiero.

El pulso salarial que sostiene al Seguro Social

El desgaste es acumulativo. Años de inflación, jornadas extenuantes, plazas eventuales que se eternizan y un esquema de pensiones que divide a los trabajadores entre la Ley 73 y la Ley 97 han alimentado un malestar sordo en las delegaciones del IMSS, desde Baja California hasta Quintana Roo. En las oficinas centrales de Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el expediente se sigue con lupa.

La vía elegida es la negociación, no la imposición. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quedan como árbitros institucionales de un proceso que, de fracasar, tendría como escenario natural el emplazamiento a huelga y el desgaste público para el gobierno federal.

"Establecer una mesa de negociación salarial con los trabajadores del IMSS": la instrucción presidencial que reordena, de tajo, la agenda laboral del sector salud en México.

Salud pública, el verdadero tablero

El cálculo político es transparente. El gobierno de Sheinbaum ha colocado la salud pública en el centro de su narrativa de transformación, y no puede permitirse el lujo de que un conflicto interno del Seguro Social erosione ese discurso. Cada peso que se destrabe en la mesa salarial no solo compra paz laboral: compra guardias cubiertas, turnos completos y pacientes atendidos.

El reto es de equilibrio fino. El sindicato exige respuestas concretas y verificables, no promesas diferidas. Hacienda mide el margen fiscal con frialdad. Y la dirección del instituto carga con la presión de sostener la operación diaria mientras negocia. Si la mesa avanza, el IMSS saldrá fortalecido; si se atora, el costo lo pagará, como siempre, la derechohabiencia que espera su consulta en una sala repleta.