La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este día que el sistema público de salud arrastra deficiencias operativas que se traducen en desabasto de medicamentos, filas interminables y servicios incompletos para millones de mexicanos. Lo hizo con una precisión que reabre el debate más incómodo de su administración: si el problema no es el dinero, entonces la discusión obligada es sobre la gestión, la distribución y la capacidad real del Estado para hacer llegar los recursos hasta el último consultorio del país.

La declaración presidencial no es menor. Coloca sobre la mesa un diagnóstico que el gobierno había matizado durante meses y que ahora asume en voz alta: el andamiaje de salud pública, refundado bajo el modelo de IMSS-Bienestar y la federalización de servicios, presenta fallas que la ciudadanía percibe todos los días en ventanillas, farmacias y salas de urgencias.

El reconocimiento que desplaza el eje del debate

Durante su intervención, la mandataria fue categórica al rechazar que la falta de presupuesto explique el desabasto y la atención deficiente. Su sentencia, breve y de alto voltaje político, resume la nueva línea oficial:

“No faltan recursos.”

La frase desarma de golpe el argumento más socorrido de cualquier administración: la estrechez fiscal. Y traslada la presión hacia los mandos medios, los almacenes estatales, las compras consolidadas y los procesos de distribución que, según reportes recurrentes de pacientes y personal médico, no logran sincronizar la existencia de medicamentos con la demanda real de las clínicas.

El costo de esa desincronización es humano. Un paciente oncológico que no encuentra su tratamiento, una madre que recorre tres unidades para conseguir un antibiótico pediátrico o un adulto mayor que espera meses una cirugía programada no están frente a un problema contable: están frente a una falla de operación que el gobierno ahora admite.

Federalización, megafarmacia y compras consolidadas: el mapa de la falla

El sexenio apostó por concentrar la operación en el esquema IMSS-Bienestar, transferir servicios estatales a la federación y centralizar la adquisición de medicamentos e insumos mediante compras consolidadas. La lógica era sencilla: mayor volumen, mejores precios y un solo responsable. La realidad ha sido más compleja.

Los estados que se sumaron al modelo reportan retrasos en la llegada de insumos, plantillas incompletas de especialistas y unidades que operan por debajo de su capacidad instalada. A ello se suma la llamada megafarmacia, concebida como el gran centro de reserva nacional, cuya función depende, inevitablemente, de una cadena logística que hasta ahora no ha logrado cerrar la brecha entre lo que se compra y lo que se entrega.

En ese contexto, negar el problema presupuestal equivale a aceptar el reto mayor: la gestión como prioridad política. Porque si el dinero está, la pregunta obligada es dónde se detiene, quién responde por el retraso y cómo se mide el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de abastecer.

La exigencia ciudadana que no admite más diagnósticos

Para millones de familias, el sistema de salud es la última red antes de la ruina económica. Cuando esa red falla, la consecuencia no es una estadística: es deuda, es enfermedad avanzada, es ausencia. Por eso el reconocimiento presidencial, aunque tardío, abre una ventana de rendición de cuentas que la sociedad mexicana exigirá concreta.

El reto inmediato es verificable y medible: abasto efectivo en cada unidad, personal suficiente, medicamentos en existencia y tiempos de atención razonables. Sin esos indicadores auditables, la frase “no faltan recursos” quedará como un diagnóstico sin consecuencias.

La presidenta tiene razón en algo: el dinero, por sí solo, no cura. Pero la gestión sin resultados tampoco. El sistema de salud mexicano está hoy frente a la prueba más dura de su refundación: demostrar que el problema no era el presupuesto, sino la capacidad de hacer que funcione.