En el tablero político de Palacio Nacional y el Palacio Legislativo de San Lázaro, México presume con insistencia una narrativa de vanguardia democrática: un Congreso de la Unión con paridad de género absoluta, la primera mujer en asumir la Presidencia de la República y un gabinete estructurado bajo cuotas estrictas de representatividad. Sin embargo, detrás de la retórica institucional y las cifras de las élites partidistas, la realidad social exhibe una fractura insostenible: el 54% de las mujeres en el país continúa marginado del mercado laboral formal, atrapado en una estructura económica que no ha modificado un ápice sus barreras de entrada.

La cumbre legislativa frente al abismo económico

El contraste internacional documentado por el Foro Económico Mundial en su Índice Global de Brecha de Género es tajante. En el rubro de empoderamiento político, México escaló posiciones hasta colocarse dentro de los primeros lugares del mundo y a la cabeza de América Latina, derivado de las reformas constitucionales de paridad obligatoria de 2014 y 2019. No obstante, en el subíndice de Participación y Oportunidades Económicas, la nación se desploma estrepitosamente hasta el puesto 117 de 146 países evaluados, una caída sistemática que evidencia la desconexión total entre las cuotas de poder político y la movilidad material ciudadana.

De acuerdo con mediciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), apenas el 46% de las mujeres en edad productiva tiene un empleo remunerado o busca activamente incorporarse a la economía, frente al 75% de los varones. Este indicador sitúa a México muy por debajo del promedio del 67% reportado por las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evidenciando que el acceso femenino a los cargos de elección popular no ha dinamizado la autonomía financiera de la mayoría ciudadana.

"La paridad en las boletas electorales resolvió las cuotas de la clase política, pero dejó intacto el cerco estructural que asfixia a millones de mexicanas que no pueden trabajar porque el Estado descargó en ellas la totalidad del cuidado familiar sin respaldo institucional."

La trampa de la informalidad y la brecha salarial persistente

Para aquellas mujeres que logran insertarse en una actividad remunerada, las condiciones operan en el terreno de la precariedad. Más del 54% de las trabajadoras labora en la informalidad absoluta, una tasa que se eleva hasta el 58% entre las madres de familia, desprovistas de seguridad social, licencias parentales o fondos para el retiro. Esta situación perpetúa una brecha salarial donde las trabajadoras perciben, en promedio, 86 pesos por cada 100 pesos que ingresa un hombre por funciones equivalentes.

La raíz de este rezago radica en la distribución asimétrica del trabajo no remunerado. Las estadísticas oficiales revelan que las mujeres absorben el 73% de las horas dedicadas al trabajo doméstico y a los cuidados no pagados en los hogares. Al carecer de una red de soporte público, la incorporación al mercado laboral formal resulta materialmente inviable frente a jornadas de cuidado que el aparato gubernamental sigue considerando una obligación doméstica privada.

La deuda del Estado: del discurso paritario al estancamiento del Sistema de Cuidados

El verdadero examen para el poder público no reside en cuántos curules ocupa cada bancada, sino en el destino del Presupuesto de Egresos de la Federación. A pesar de múltiples iniciativas dictaminadas y congeladas en los pasillos de San Lázaro, la creación y fondeo real de un Sistema Nacional de Cuidados universal permanece estancada. Los recursos etiquetados en el Anexo 13 continúan concentrándose en programas asistenciales de transferencias monetarias directas que palian el ingreso inmediato, pero no construyen infraestructura de guarderías, estancias infantiles ni centros de atención geriátrica.

La paradoja es nítida: la clase política capitaliza los reflectores globales de la paridad de género como estandarte de legitimidad democrática, mientras millones de mexicanas permanecen invisibles para la economía formal, atadas a la dependencia financiera y excluidas de los beneficios de un desarrollo que en el discurso oficial se proclama transformador.