Un reporte citado por Grupo Animal y atribuido a la ONU apunta que el 96% de las mujeres que participaron en la elección federal de 2024 enfrentó violencia política. La cifra, de confirmarse, sería una de las más altas registradas en una elección mexicana y colocaría la paridad de género ante una prueba incómoda: la de que la igualdad en las boletas no garantiza seguridad para quienes compiten.

La cifra que no debe leerse sola

El texto original de Grupo Animal consigna que la ONU estima que 96% de las candidatas sufrió violencia política. Sin embargo, la pieza no precisa qué organismo de Naciones Unidas elaboró el cálculo, cuál fue la metodología, el tamaño de la muestra ni la fecha del documento. Esa ausencia no invalida el dato, pero obliga a tratarlo con la reserva que exige cualquier estimación sin fuente primaria verificable. El rastreo de la fuente, al cierre de esta edición, sigue pendiente: no hay enlace al informe, nombre de la unidad responsable ni desagregación por partido, cargo o entidad.

La diferencia es crucial. Una estimación no equivale a una denuncia formal, a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni a una carpeta de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Confundir esos planos es precisamente lo que ha permitido que la violencia política contra las mujeres se diluya entre declaraciones, protocolos y promesas.

Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres... —Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 20 Bis, texto vigente en 2024.

Paridad sin blindaje: el contraste de 2024

México llegó a 2024 con un marco legal robusto en apariencia. La reforma de 2020 definió la violencia política en razón de género, ordenó a las autoridades prevenirla y sancionarla, y obligó a los partidos a garantizar condiciones de igualdad. Ese mismo año, el INE y los organismos públicos locales recibieron la encomienda de operar protocolos de atención. Sobre el papel, ninguna candidata debía competir en desventaja.

La realidad fue otra. La elección que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia y configuró un Congreso con paridad histórica también estuvo marcada por agresiones, campañas de desprestigio, obstrucción de recursos y amenazas contra aspirantes. El dato atribuido a la ONU, si se confirma, no describe un caso aislado sino un patrón: la violencia política operando como filtro silencioso contra las mujeres que acceden al poder.

Las instituciones mexicanas tienen nombre y obligación. El INE debe vigilar el cumplimiento de los lineamientos y activar mecanismos de protección; el TEPJF debe resolver los juicios de la ciudadanía con perspectiva de género; la FEDE y las fiscalías estatales deben investigar los delitos electorales; los mecanismos estatales de atención deben acompañar a las víctimas. Sin denuncias, sin investigación y sin sanción, la paridad queda reducida a una fotografía.

El costo democrático de la impunidad

El arranque del gobierno entrante queda marcado por una deuda concreta. La primera presidenta de México llega al poder en medio de un debate sobre si las instituciones electorales están preparadas para proteger a las mujeres que hacen política. No se trata de un tema sectorial: la violencia política desalienta candidaturas, distorsiona la competencia y debilita la representación de la mitad de la población.

El 96% es una cifra que exige auditoría, no propaganda. Si el informe existe, debe publicarse completo; si la metodología es sólida, debe someterse a escrutinio; si el dato es erróneo, debe corregirse. Mientras eso no ocurra, el sistema político queda con una pregunta incómoda: ¿cuántas mujeres renunciaron a competir, o perdieron, no por el voto sino por la violencia?