La discusión ya no es si la renta sube, sino quién tiene derecho a quedarse. Las cuatro iniciativas que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso local —entre ellas la que se ha presentado públicamente como Ley de Rentas Justas— fueron turnadas a comisiones, según lo reportado por El Universal. El trámite, rutinario en apariencia, destapa el debate más incómodo de la capital: cómo garantizar vivienda sin asfixiar al mercado que la produce.

Conviene decirlo con precisión periodística: no existe todavía un dictamen, no hay texto aprobado y las comisiones pueden modificar el articulado. Lo que se discute hoy es una intención política convertida en papel. Y en una ciudad donde el suelo es el activo más disputado, ese papel vale demasiado.

De un turno a una disputa de fondo

El paquete legislativo incluye, además de la Ley de Rentas Justas, otras tres iniciativas en materia de vivienda, de acuerdo con la información publicada por este diario. Su relevancia no está en el número de hojas, sino en lo que intenta tocar: la relación entre quien habita y quien cobra por habitar. Es ahí donde la política social se topa con el derecho de propiedad, y donde cualquier redacción descuidada puede convertirse en letra muerta o en un candado que espante inversión.

La gentrificación capitalina no es una hipótesis de laboratorio. Se percibe en colonias como Santa María la Ribera, Doctores, Roma, Narvarte o Portales, donde la llegada de nuevos residentes con mayor capacidad de pago y la presión de rentas cortas han desplazado a inquilinos de toda la vida. El problema es que ese desplazamiento, hasta hoy, se narra con anécdotas: no existe un instrumento oficial que lo mida con rigor año con año. Sin línea base, no hay política pública evaluable; solo buenas intenciones.

La ciudad que no termina de medirse

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la Ciudad de México ronda los 9.2 millones de habitantes. La medición de pobreza multidimensional del CONEVAL ha colocado a la capital con una proporción relevante de su población en situación de pobreza, en torno a una tercera parte en sus ejercicios más recientes. Y sobre el alquiler, el dato incómodo es la dispersión: el propio Censo y la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI ofrecen estimaciones que no coinciden del todo sobre cuántos hogares capitalinos rentan, y ninguna de esas fuentes captura el subarriendo informal, el cuarto de azotea ni el acuerdo verbal.

Ese vacío estadístico es el primer frente de batalla. Una ley que promete "rentas justas" debe definir contra qué parámetro mide la justicia: ¿inflación del Banco de México, valor catastral, índice de precios de alquiler por alcaldía, tabulador por metro cuadrado? Si la definición queda ambigua, el conflicto se resolverá en los juzgados y no en el mercado.

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo." — Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mandato constitucional es claro en el fin, pero no en el mecanismo. Y ahí se libra la verdadera discusión: el Estado puede fijar reglas, subsidiar suelo, facilitar crédito o construir vivienda pública. Lo que no puede es prometer un techo sin atender la oferta.

El miedo del propietario y el umbral del 30%

Uno de los parámetros internacionales más citados es el que recomienda ONU-Hábitat: el gasto en vivienda no debería rebasar el 30% del ingreso del hogar. Cuando esa proporción se rompe, el resultado tiene nombre técnico —estrés habitacional— y consecuencias medibles en salud, movilidad y jornada laboral: familias que se alejan a la periferia, que suman dos horas de traslado o que sacrifican alimentación para pagar la renta.

Del otro lado, la advertencia es de manual económico: si los arrendadores perciben que el rendimiento de su inmueble queda congelado o sujeto a una autoridad administrativa sin reglas claras, una parte del inventario rentable migrará al mercado informal, a la venta o simplemente se retirará. Menos oferta formal, más presión sobre el inquilino que la ley quería proteger. Ninguna ley de rentas en el mundo ha escapado a esa tensión; las que funcionaron combinaron control razonable con construcción masiva y estímulos fiscales a quien arrienda a precio accesible.

Lo que debe vigilar el Congreso

El debate en comisiones merece escrutinio en cinco puntos concretos: la definición técnica de "renta justa" y su mecanismo de actualización; el diseño del registro de contratos, con garantías de protección de datos; la vía de mediación y sanción para quien incumpla; los incentivos reales para mantener y ampliar la oferta de arrendamiento; y la obligación de publicar cada año un informe de desplazamiento por alcaldía y colonia.

La ley se juzgará por resultados, no por su nombre. Si en tres años no hay menos desalojos, ni más vivienda en renta accesible, ni una cifra oficial que permita decir si la ciudad expulsa o integra, el fracaso será del legislador y el costo lo pagará el inquilino. La Ciudad de México tiene derecho a una renta justa; también tiene derecho a saber si la obtuvo.