Hay una escena que se repite cada mañana en los pasillos del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ninguna conferencia de prensa ha logrado disolver: la de la mujer que llega a las seis de la mañana con una receta doblada en cuatro, el hombre que lleva tres meses esperando una cita con el especialista, la enfermera que cubre dos turnos porque el área está incompleta. Mientras la conversación política se concentra en si Zoé Robledo debe o no permanecer al frente del instituto, la sociedad hace una pregunta mucho más incómoda y mucho más urgente: ¿cuándo funcionará el sistema de salud que sostiene a millones de familias?

El relevo como cortina de humo

La presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita al responder sobre la permanencia del titular del IMSS: primero atender y solucionar las demandas del instituto, después pensar en una remoción. La declaración, recogida por La Jornada, tiene la virtud de reordenar la jerarquía del debate, pero también revela una tensión que la ciudadanía percibe con claridad: la burocracia discute nombres, la sociedad discute resultados.

Y es que el IMSS no es una sigla administrativa: es la institución que concentra a alrededor de 70 millones de derechohabientes, según las cifras que el propio instituto difunde. En un país donde la mitad de la población ha debido buscar atención en algún esquema público, cada decisión sobre su dirección tiene consecuencias tangibles en la vida de una familia que no puede costear una consulta privada.

Las cifras que duelen en la sala de espera

El testimonio cotidiano tiene respaldo estadístico. La medición multidimensional de la pobreza publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2023, con datos de 2022, documentó que la carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022: un salto de 16.2 a 39.1 por ciento de la población. Detrás de esa cifra no hay abstracción, hay biografías enteras reorganizadas por la incertidumbre.

El desabasto de medicamentos, los tiempos de espera en consulta de especialidad y la saturación de urgencias son los tres rostros de una misma crisis. El instituto ha reportado índices de surtimiento de recetas superiores al 95 por ciento en sus informes institucionales, pero esa cifra convive con un relato persistente de pacientes que recorren dos o tres farmacias sin encontrar su tratamiento. Cuando el dato oficial y la experiencia ciudadana se contradicen, la confianza pública se erosiona: no basta con medir, hace falta explicar y corregir.

A ello se suma una realidad estructural que los indicadores internacionales de la OCDE han señalado reiteradamente: México se ubica por debajo del promedio de médicos por cada mil habitantes de los países miembros, cerca de 2.5 frente a un promedio superior a 3.5. No se trata solo de contratar más personal, sino de retenerlo en las zonas donde el sistema se rompe primero: las periferias urbanas y las regiones rurales.

La dignidad del personal médico también es salud pública

Ninguna política de abasto funciona sin quienes la ejecutan. Las condiciones laborales del personal de salud —jornadas extenuantes, plazas eventuales, basificación pendiente, sobrecarga emocional— no son un asunto gremial menor: son el eslabón que sostiene o desmorona el sistema. Un país que exige a sus médicos y enfermeras heroísmo cotidiano tiene la obligación de devolverles estabilidad, capacitación y descanso. La salud pública se financia con presupuesto, pero se sostiene con dignidad laboral.

«Primero atender y solucionar las demandas del IMSS, antes de pensar en la remoción de su titular», planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, en declaraciones recogidas por el diario La Jornada, al ser cuestionada sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente del instituto.

La frase admite una lectura generosa: reconocer que el problema es de gestión profunda y no de cabezas visibles. Pero también admite una lectura crítica: que la remoción o la permanencia de un funcionario sea el eje del debate público demuestra hasta qué punto la discusión sobre salud ha quedado atrapada en la lógica del nombramiento.

Lo que la sociedad exige antes de cualquier cambio

El derecho a la salud no se agota en el acceso formal a una credencial. Se ejerce cuando hay medicamento en la farmacia, cuando la cita de especialidad llega en semanas y no en semestres, cuando la enfermera tiene turnos humanos, cuando el paciente recibe una explicación clara y un trato digno. Ese es el parámetro real de cualquier evaluación institucional.

Antes de definir relevos, conviene definir métricas públicas verificables: porcentaje de recetas surtidas por entidad, tiempos promedio de espera por especialidad, plantilla efectiva por turno, quejas resueltas y no solo registradas. Y conviene someterlas al escrutinio ciudadano con la misma transparencia con la que se anuncian los cambios de gabinete. La sociedad no pide titulares espectaculares: pide resultados auditables y un sistema que deje de fallarle a quienes ya entregaron su confianza en forma de cuota obrera.